La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador, Axel Kicillof, para que la Provincia de Buenos Aires pueda comprar vacunas contra el coronavirus, por fuera de las gestiones de Nación.
Según indica su artículo 1ª, la iniciativa busca “celebrar los contratos, incluso en moneda extranjera previo informe fundado de la autoridad sanitaria provincial, necesarios para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19”.
De esta manera, el Poder Ejecutivo faculta a los Ministerios de Salud y Jefatura de Gabinete, “a adoptar medidas tendientes a la adquisición de vacunas durante la vigencia de la emergencia sanitaria, declarada mediante Decreto N° 132/2020, ratificado y prorrogado”.
Además, la Provincia abre la posibilidad de incluir cláusulas de confidencialidad, inmunidad patrimonial y reclamos pecuniarios, prórroga de jurisdicción a favor de otros tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero y la aceptación de ley extranjera aplicable.
La norma brinda las herramientas y el marco jurídico necesario para realizar este tipo de operaciones en el mercado internacional y garantiza la transparencia de las transacciones, ya que los contratos deberán contar con la opinión previa favorable de los organismos de asesoramiento y control: Asesoría General de Gobierno, Contaduría General de la Provincia y Fiscalía de Estado.
“La vacuna ya es el presente. Es una realidad que nos va a permitir dejar la pesadilla de la pandemia atrás. Que el gobierno de la Provincia, encabezado por nuestro gobernador Axel Kicillof, pueda adquirir más dosis es clave para acelerar la inmunización y proteger a la mayor parte de la población objetivo antes del invierno. Esta iniciativa nos permitirá seguir avanzando con el operativo de vacunación más importante de nuestra historia”, expresó el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Federico Otermín.
Dentro de las modificaciones que propuso la oposición, se destaca la obligatoriedad del Poder Ejecutivo de informar cada 60 días y por escrito a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Emergencias sobre toda adquisición, entrega y distribución territorial de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19.