El oficialismo logró sumar el famoso numero 85 a la hora de votar con ayuda del un sector de la UCR y los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo.
La ley aumentaba los salarios por inflación de forma retroactiva a enero y la Casa Rosada la rechazó porque ponía en peligro el equilibrio fiscal.
El presidente Javier Milei logró una nueva victoria política en el Congreso al consolidar su veto a la ley de financiamiento universitario. Esta ley, que proponía actualizar los salarios de docentes y no docentes de universidades públicas en función de la inflación, fue rechazada por el Ejecutivo bajo el argumento de que su implementación comprometía el equilibrio fiscal del país, un pilar central de la estrategia económica del gobierno actual.
El veto de Milei generó una gran controversia en el ámbito académico y político, ya que muchos lo consideran un golpe a la educación pública. Sin embargo, el gobierno defendió su decisión señalando que la medida pretendía evitar el desfinanciamiento de otras áreas críticas del presupuesto nacional, alineándose con su objetivo de lograr el déficit cero y controlar la inflación.
El oficialismo argumenta que, si bien es consciente de las necesidades del sector educativo, su prioridad es estabilizar las finanzas públicas y evitar un gasto desmedido. El ministro de Economía afirmó que “no es viable aumentar el gasto sin contar con una fuente de financiamiento clara», y subrayó la importancia de mantener las cuentas en orden para garantizar un crecimiento sostenido en el mediano plazo.
Por su parte, desde la oposición y el sector académico, se critica fuertemente la decisión del gobierno, argumentando que el veto a la ley afecta directamente la calidad de la educación pública. Rectores de universidades nacionales y sindicatos de trabajadores docentes advirtieron sobre las posibles consecuencias de no actualizar los salarios en un contexto de alta inflación, lo que podría derivar en paros y una mayor desmotivación del personal educativo.
El rechazo de la ley también ha sido interpretado como parte de una estrategia más amplia del gobierno de Milei, que busca reformar el rol del Estado y reducir su intervención en áreas como la educación y la salud. En este sentido, algunos analistas señalan que el veto puede marcar el inicio de un proceso de reformas más profundas en la estructura del sistema universitario argentino.
No obstante, el gobierno ha intentado apaciguar las críticas señalando que su compromiso con la educación pública sigue intacto, pero que la prioridad es garantizar la sostenibilidad financiera del país. En redes sociales, Milei reafirmó su postura, destacando que «el esfuerzo que hacen todos los argentinos para alcanzar el equilibrio fiscal es clave para el futuro de nuestra economía».
El futuro de la ley de financiamiento universitario aún es incierto, pero lo que está claro es que el debate sobre la educación y el gasto público seguirá siendo uno de los temas más calientes y polémicos en la agenda política argentina en los próximos meses.